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El caso cubano sometido a racionalización

Cuba a través de las redes sociales



Alexis Jardines Chacón / el Nuevo Herald / Julio 24, 2015


La intención –ridículamente pretenciosa– del VII Congreso del PCC de redefinir conceptualmente el socialismo cubano persigue el objetivo de poner al Partido más a tono con una Constitución que, obviamente, ya no lo legitima. Como siempre, la “Revolución” piensa en perdurar en el poder, no en “su” pueblo. La oposición tiene poco que ofrecer como alternativa. El cubano de a pie, desencantado, emigra a cualquier precio y el que se va quedando, remesas aparte, sabe que su fuente principal de ingresos es el robo y la extorsión del turista extranjero.

¿Se tiene la intención de resolver realmente el problema de Cuba con un costo mínimo de las partes y en tiempo récord? ¿Se quiere un happy medium? Si la respuesta es No, el que la sostenga cargará con la responsabilidad de la tragedia; si la respuesta es Sí, recúrrase a la Navaja de Ockham y al principio de la mínima acción y los resultados serán los que siguen.

Precisemos las condiciones iniciales. Cuando el objetivo supremo es la familia (no la Revolución, no el Partido, no el Comandante y su idílico Pueblo) la pregunta es: ¿cuál es el camino más corto y seguro para garantizar que un salario digno y una moneda con poder adquisitivo lleguen a cada hogar cubano? A continuación, las barreras que nos separan de la posibilidad de progresar y que, al propio tiempo, nos obligan a delinquir en busca de subsistencia.

Económicamente hablando, la actualización del modelo socialista que encabeza Raúl Castro es inviable. Su obstáculo inmediato en este sentido es la dualidad monetaria, dificultad que se pretende solucionar a nivel de paliativos que no van a ninguna parte sin la reforma del Estado y del aparato productivo, de tal modo que este último alcance altos niveles de eficiencia y competitividad. Todo ello parece ilusorio incluso a largo plazo, mientras se desaprovecha en el presente la oportunidad abierta por la normalización de las relaciones con Estados Unidos, resultando el cubano de a pie el mayor perjudicado. La economía cubana no puede sostenerse con la doble moneda, pero tampoco el país puede salir adelante con ninguna variante de eliminación de la dualidad. Tal paradoja remite a una situación estacionaria.

Políticamente hablando, la dificultad principal se observa en el sistema de Partido único, el cual conserva para sí la potestad de gobernar por encima de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que –por la misma razón– están concentrados en sus manos, en contra de toda la tradición liberal y democrática. Esta estructura vertical de comando, mediante la cual se implementan y canalizan las decisiones tomadas solo al más alto nivel de la cúpula de la pirámide unipartidista, es el verdadero mecanismo de freno que impide la inversión extranjera a gran escala, la contratación libre de la fuerza de trabajo por parte de las empresas extranjeras y cubanoamericanas, así como el propio progreso de las tímidas reformas raulistas, además de excluir a la población de la participación en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones.

Jurídicamente hablando, las anteriores dificultades están legitimadas en la Carta Magna de la república a título de logros del socialismo. La Constitución cubana en vigor acepta exclusivamente la propiedad social sobre los medios de producción bajo el control del Estado socialista que, a su vez, se somete constitucionalmente al Partido Comunista (único). Por lo tanto, la propia Constitución, paradójicamente, sitúa al Partido único por encima de la ley y de la sociedad (artículo 5). En semejantes condiciones, la Constitución cubana no brinda garantías para la inversión de capital extranjero y cubanoamericano, las cuales solo se obtienen de un estado de derecho y no de meras enmiendas tendenciosas como la llamada Ley de Inversión Extranjera. Como corolario del artículo 5 las Fuerzas Armadas Revolucionarias defienden al Partido en el poder y no al pueblo y a la Constitución. Cabe agregar aquí que resulta excesivamente caro el mantenimiento del ejército debido a la desproporcionada envergadura que tiene con respecto al tamaño y la densidad poblacional del país. Queda pues para el gobierno postotalitario la tarea de reducir las Fuerzas Armadas y de redefinir sus funciones.

Atendiendo a lo antes expuesto, al nuevo escenario de posibilidades abierto por la actual administración norteamericana y al hecho que varias encuestas sucesivas entre los cubanos de la isla arrojan el rechazo de la población al sistema de Partido único, lo más sensato y viable es:

Primero. Disolución por decreto del PCC, de modo que queden al mando de la nación el actual presidente de la república de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuyo máximo representante deberá ser elegido, seguidamente, mediante el voto directo y secreto en consulta popular internacionalmente arbitrada.

Segundo. La Asamblea Nacional del Poder Popular y su nuevo presidente deberán trabajar con toda urgencia en la implementación de las siguientes medidas mínimas:

Económica: Adopción del dólar norteamericano como moneda –única– de curso legal y reducción considerable del actual porcentaje de 3.8 del PIB asignado a las Fuerzas Armadas, que deberá ser redistribuido en beneficio de la población.

Jurídica: Reformar la Constitución de modo que esta sea adaptable a las nuevas condiciones eventualmente pluripartidistas, de economía de mercado y de propiedad privada.

Política: Tomar las acciones pertinentes para la celebración de elecciones libres, plurales y competitivas.


Académico Distinguido en Residencia “Pérez Bengochea”, en FIU.

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